La lucha contra la corrupción en
Colombia y en el mundo es una batalla constante de los gobiernos, en la cual se
busca en el día a día demostrar a sus ciudadanos, que se izan las banderas de
la cero tolerancia, realizando una administración correcta de los recursos que
se recaudan y, en el caso que nos compete, los del fondo de seguridad
territorial -FONSET-
En este orden de ideas, la seguridad ciudadana
y la convivencia como estrategia de bienestar a la comunidad no es indiferente
a estas tendencias, por lo cual, en el presente escrito pretendo convencer al lector,
de cómo la necesidad de una correcta
elaboración del plan integral de seguridad y convivencia - PISCC - a través de su consecuente
ejecución en el plan operativo anual de inversión -POAI- puede ser un gran
postulado de transparencia y de lucha contra la corrupción en cada municipio de Colombia.
Con el fin de desarrollar el presente
texto, será importante entonces, resaltar como problemática de la transparencia,
el enorme desconocimiento e improvisación que tienen los funcionarios públicos
frente a lo que es el FONSET - Fondo de seguridad territorial – situación que
se traslada a algunos comandantes de estación de policía y de distritos; además
de comandantes de batallones y brigadas de las FFMM, permitiendo que los
errores en la ejecución del mismo generen
grandes problemas disciplinarios,
fiscales y de carácter penal, a unos y otros servidores públicos, militares y
civiles, con el agravante de generar en la comunidad idearios erróneos de
corrupción.
Hoy en día, son las administraciones
quienes tienen la obligación de elaborar con la participación de los
anteriormente citados, el plan integral de seguridad y convivencia ciudadana -
PISCC - acorde a las necesidades de cada ente territorial y, en virtud del
cual, se dé respuesta, entre otros, al siguiente interrogante: ¿Qué
presupuesto podrá ser invertido en prevención, en apoyo a la operatividad y en
bienestar militar y policial? Lo anterior teniendo en cuenta el índice de
criminalidad y de conductas contrarias a la convivencia, esta es una gran tarea
que tiene que realizarse con la participación de la fuerza pública garantizando
los principios de la transparencia, participación y articulación de las
diferentes autoridades de policía.
Teniendo en cuenta lo anterior, y como bien se señaló en la
problemática, existen cantidad de
administraciones que ejecutan el presupuesto de los municipios, en lo
concerniente a los rubros de seguridad y convivencia con total desconocimiento
de que éste debe realizarse acorde al plan integral de seguridad y convivencia
ciudadana -PISCC- y al plan operativo
anual de inversión -POAI - del
respectivo año y, lo que es más grave, con total ausencia de la fuerza pública,
recurriendo a extremos tales, como negar a ésta los sinópticos de ejecución
presupuestal de los rubros de seguridad, generando de esta manera un telón de
incertidumbre y oscuridad que necesariamente repercute en la convivencia de los
territorios, al ser prueba total de la
falta de coordinación entre la fuerza pública y el ente territorial.
Así pues, éste panorama, permite un
caldo de improvisación tanto en servidores públicos de carácter militar como
civil, que debe ser contrarrestado de manera urgente con el fin de evitar a
unos y otros, procesos disciplinarios, fiscales o penales por ejecución
incorrecta de estos rubros de seguridad.
Pese a que dentro del marco de las
acciones preventivas, actualmente la Procuraduría General de la Nación, tiene
la competencia de advertir a las administraciones municipales que deben tener un
PISCC, que de igual forma debe enviarse al Departamento Nacional de
planeación -DNP- esto no llega a
ser suficiente, pues al no realizarse auditoria de este plan, ni asesoría alguna,
en los planes operativas anuales -POAI- ajustados al PISCC, las administraciones terminan realizando un
copie y pegue que no refleja la realidad de los territorios, trayendo como
consecuencia gravísima un debilitamiento en las estrategias de seguridad y
convivencia para contrarrestar las conductas contrarias a la ley y los delitos que
atacan a la población civil.
Es por esto que se sugiere finalmente
al lector, y en especial a los funcionarios públicos de administraciones
electas, alcaldes y secretarías de gobierno y de convivencia ciudadana,
fortalecer el comité territorial de orden público y el consejo de seguridad y convivencia
a través de reuniones constantes donde se elabore a consciencia el PISCC en el
primer semestre del cuatreño para el cual fueron elegidos y
se comience el POAI respectivo que podrá ser variado según las condiciones del
municipio lo requieran.
Cada municipio que logre coordinar y
priorizar con la fuerza pública asentada en el ente territorial las estrategias
para mantener el orden
público además de la convivencia y seguridad ciudadana en sus diferentes
categorías jurídicas - seguridad, tranquilidad, ambiente, salud pública - podrá
demostrar que Colombia puede dar un paso
adelante en sus estrategias de lucha contra la corrupción siendo ejemplo a
nivel de sus diferentes territorios locales de ejecución presupuestal
concertada, priorizada, transparente y en coordinación de las autoridades policivas.
@JulianUrregoA
